SEGURIDAD JURIDICA: ANTES PRINCIPIO, AHORA FIN

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TIENDA DE LEYES

 

Después de escribir sobre la necesidad de emprender medidas estructurales para evitar que la actual crisis acabara asolando nuestro país por todos los flancos, el económico, el social y el jurídico, y ante la impotencia de ver como los augurios de muchos se han ido cumpliendo, me entran de nuevo las ganas de escribir, no ya para gritar a los cuatro vientos y alertar de los peligros que vienen, proponiendo remedios y reformas legales, sino utilizando el sarcasmo y la fina ironía (perdón por lo de fina, eso lo deberán juzgar los que me lean). Por no llorar, de rabia, de impotencia, de indignación.

No sé por dónde empezar, si cronológicamente o por orden ascendente de gravedad de las ignominias y atropellos políticos que se han cometido bajo el pretexto del respeto a la seguridad jurídica. Esa frase tan manida en estos momentos por políticos de verbo fácil y argumento recurrente y más fácil aún si cabe.

Sería un tanto desordenado analizar los múltiples casos en que se hace política apelando a la “legalidad vigente”, y se acaba proponiendo una cosa, para después defender la contraria ante los tribunales, ejerciendo una especie de maquiavelismo judicial, que puede ser muy práctico desde el punto del cumplimiento de los objetivos políticos, pero muy poco estético y nada rentable en términos electorales. Pues ganar juicios o recursos de inconstitucionalidad nunca ha dado votos.

Me dejaré llevar por el calendario. Que me sitúa como estudiante de primero de derecho en los años 80. En concreto estudiando los primeros temas de Derecho Político I. Parecerá una tontería, pero me impresionó la teoría política del mandato representativo.

Yo, que provengo de familia de abogados, y que había venido practicando en la oficina durante el bachillerato. Siempre había asociado la figura del poder-apoderamiento, a una escritura otorgada ante Notario por la cual una persona física o jurídica delegaba una serie de facultades a otra, fuera por necesidad o conveniencia, cuando no por comodidad. Pero en cualquier caso, siempre había asociado la figura del “poder/apoderamiento” a un documento notarial, con sus “tapas” y todas las formalidades derivadas de la fe pública.

Leer en los manuales de Derecho Político que los orígenes del “poder político” tienen su base en un mandato de los ciudadanos por medio de las urnas, me pareció, sencillamente bonito, por simple, por claro, … por la seguridad jurídica que entonces sí me transmitía ese concepto. Un político no puede hacer lo que quiera, sencillamente porque no es más que el mandatario del pueblo que le ha votado.

Soy consciente de que estoy escribiendo obviedades, pero es que cuanto más escribo más me doy cuenta de que hoy en día ese origen, casi etimológico del principio, se ha perdido. Son constantes las referencias del os políticos al que ellos denominan “arte de lo posible”. Y lo llaman arte… sin rubor. Todo son excusas, análisis de causas de las que provienen “sus problemas”, de justificaciones mediocres que tan solo transpiran impotencia política, … y cobardía. Y cuando el ridículo les acecha, apelan al gran principio: la seguridad jurídica. Nada se puede hacer que ponga en peligro ese sagrado principio. Porque en ese caso… los mercados se asustan, se genera, dicen, inestabilidad económica, y entonces viene la crisis.

Lo triste es cuando ese argumento se esgrime en plena crisis, no para evitarla, sino para justificarla. Entonces, además nos hacen trampa. Y entra en escena otro factor que nunca falla: el miedo. El miedo a que todo sea peor de lo que ya es. El miedo a que vuelvan los que aseguran nos metieron en todo esto. Que no es cierto. En la crisis no nos ha metido nadie, me refiero a que no ha sido culpa de un solo partido político. Ha sido culpa de toda una generación política, de todos los partidos. Unos tras otros se han ido contagiando de la impotencia del que solo sabe analizar lo que está pasando, buscar culpables, pero no soluciones, simplemente se conforman con no ostentar la única responsabilidad de la crisis.

No creo que sea un problema de falta de inteligencia política, o al menos no en todos los casos. También hay una gran dosis de cobardía. De miedo a hacer algo que vaya en contra de la seguridad jurídica, que realmente reforme el sistema, porque en el caso de que falle, lo  que está en juego no es solo el futuro del país, es su silla la que peligra.

No quiero personalizar la crítica, ni pretendo atacar políticamente a nadie en concreto, solo quiero reflexionar sobre lo que está pasando, lo que ya ha pasado, y lo que no se ha hecho por la sencilla razón de que en derecho comparado nadie lo ha hecho, y por ello iniciar ese camino supone un riesgo excesivo para quién si no nació, si se ha ido haciendo un animal político y no soporta la idea de tener que dedicarse a otra cosa.

Por ello, sin decir nombres, si que quiero denunciar una afirmación que oí en una reciente campaña electoral: “Ningún pueblo está por encima de la ley”.

De golpe se me amontonan las indignaciones jurídicas. Primero porque toda la teoría del mandato representativo se viene abajo. Si nadie está por encima de la ley, entonces ¿quién la puede reformar?.  ¿En qué queda la soberanía popular?. La respuesta del político actual se basa en que la seguridad jurídica es un principio que por lo menos da estabilidad a los mercados, y nos garantiza el mantenimiento de la prosperidad económica. Pero entonces la pregunta que nos ha de inquietar es la siguiente: ¿Si ya no tenemos estabilidad económica, de qué nos sirve perpetuar ningún tipo de estabilidad jurídica?.

Otrosi. Se están emprendiendo reformas/recortes en cuestiones básicas como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Más recortes que reformas, por aquello de la falta de valentía para cambiar el sistema. Pero yo no he oído a nadie poner en tela de juicio el actual sistema de la Administración de Justicia. Seguimos con los mismos problemas: sobrecarga de asuntos, lentitud de las resoluciones, y como se suele decir en nuestro gremio (el de los abogados), “con los debidos respetos”, con baja calidad de las resoluciones judiciales. Y no me estoy metiendo con la falta de preparación de jueces, secretarios y funcionarios de justicia. Presumo que es un problema de cantidad, no de calidad. Pues en este segundo caso, el sistema de recursos debe entrar en juego. Lo que no tiene solución es la Justicia impartida con prisas, con Jueces que miran constante el reloj mientras informan los abogados en las vistas, o sencillamente con los reiterados “no a lugar”, sin más justificación, vulnerando frontalmente la obligación de dictar resoluciones motivadas.

El problema surge cuando no se juzga bien por prisas, por acumulación de asuntos, y porque al final se impone el inexistente “principio de facilidad” inaceptable desde el punto de vista jurídico, pero que sin duda de facto existe. Me refiero a las resoluciones que no buscan la justicia material, sino tan solo la apariencia formal de la misma, apoyándose en algún precepto, si no sustantivo, al menos procesal. En roman paladino, no importa ser injusto, mientras que no peligre mi trasero como funcionario.

Ejemplos de reformas del sistema judicial me vienen muchas a la cabeza. Todas ellas muy contrarias a mantener el sistema judicial como una especie de juego de mesa donde solo se encuentran cómodos jueces, secretarios, funcionarios, abogados y procuradores. Porque mientras las reglas del juego estén claras, lo importante es no hacer trampas. Poco importa si con ese juego nos estamos aburriendo “soberanamente”. Hacemos ver que trabajamos, y que otros asuman la responsabilidad.

Ya lo he escrito más de una vez en estos años de crisis. Sin Justicia, de poco sirve que una sociedad se rompa la cabeza mirando cómo mantener sus derechos sociales adquiridos. La misma Constitución ya nos lo apunta al definir nuestro país como un Estado Social, Democrático y de Derecho. El orden de los tres conceptos no es baladí.  El estado no tiene sentido si no tiene como fin servir a una sociedad. El funcionamiento del estado no puede ser de otra forma que participativo y basado en la soberanía popular. Y finalmente, necesitamos basarnos en la seguridad jurídica que nos da un derecho da contenido y concreción a los dos  primeros.

Pero no. Ahora que lo social y lo democrático peligran, no se les ocurre otra cosa que apelar solo al Derecho. ¿A qué Derecho? ¿Al que perpetúa las desigualdades y favorece al fuerte frente al débil?. No es demagogia. Supongo que estaremos de acuerdo en que en época de crisis (y no hablemos de las tasas judiciales) quién tiene más recursos (económicos) para litigar, tiene ventajas sobre quién menos o ningún recurso tiene para litigar. ¿Por qué no se atreve nadie a proponer la gratuidad de todos los concursos de acreedores, o de reclamaciones de deudas entre personas y/o empresas?. No solo los bancos y las grandes compañías pueden “usar” los juzgados como una especie de oficinas de recaudación.

¿Por qué el Ministerio Fiscal funciona como institución y no hemos sido capaces en tantos años de cambiar el obsoleto y pedigüeño sistema de remuneración del turno de oficio para crear un auténtico y eficaz cuerpo de defensores públicos de las personas que no tienen recursos para litigar? ¿Porqué las personas jurídicas no tienen derecho a la justicia gratuita?, ¿Cuántos créditos se han perdido por las cloacas de concursos no presentados por falta de fondos para pagar abogados, procuradores, administradores concursales y tasas judiciales? ¿Cuántos empresarios (ciudadanos con todos sus derechos) han ido a la ruina, y a la muerte civil-económica, sin derecho a una segunda oportunidad?

Y que me dicen de los privilegios crediticios de la Administración y los especialmente hipotecarios de las entidades financieras. De nuevo la respuesta es: la seguridad jurídica. Y mi contrapregunta: ¿La seguridad jurídica de quién?. Porque antes si podía tener un sentido pensar que los créditos hipotecarios se negocian en un mercado, incluso internacional, y para ello era fundamental que dichos créditos no pudiesen ser modificados sin el consentimiento de ambas partes, por el simple ministerio de la ley y con efectos retroactivos. Pero ahora no. Nadie compra ya los créditos hipotecarios el mercado se ha hundido. Y tan solo quedad especuladores que buscan gangas. Pero la seguridad jurídica no debiera protegerles. El especulador, por definición, debe de correr el riesgo y ventura de que el cambio de las circunstancias, incluso de la legislación, hagan que tal negocio especulativo no sea tal. Y perpetuando la seguridad jurídica de un mercado inmobiliario y financiero en crisis, lo que aflora es la “inseguridad” de los ciudadanos que deciden meter su cabeza debajo de las sábana de su confortable cama, y esperar a que la situación cambie para volver a consumir, y a vivir…

Hemos llegado a tal perversión de los argumentos, de los valores que creemos que hemos de defender, que llegamos a justificar la especulación, la estafa, la corrupción, y la injusticia en general por el simple hecho de que es más cómodo apelar a la seguridad jurídica.

Es más fácil jugar al monopoly, con sus arcaicas reglas, y dejar todo a la aleatoriedad del dado, que pensar en crear un nuevo juego más justo, y con normas aceptadas y acordadas por todos los jugadores. No solo por los que empiezan la partida con más fichas y billetes que los demás.

La seguridad jurídica siempre ha sido un medio, para cimentar un Estado Social y Democrático.

Un medio si, pero nunca un miedo, nunca un fin.

Será que hay demasiado abogado que ha colgado la toga para ponerse las alforjas.

 

Daniel Peralta.

Abogado.