QUE REANTENICE TU TIA...

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La broma del llamado dividendo digital

 

En 2010 se produjo el comienzo de la emisión única y exclusiva en TDT. Una gran polémica se produjo cuando el anterior Gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que España sería de los primeros países europeos en instaurarla.

Sin embargo, esas prisas han tenido consecuencias, entre ellas, la escasa calidad en algunas zonas y, lo más reciente, el error MAYUSCULO de planificación respecto al llamado «Dividendo digital».

 

Este «dividendo», que no es tal, consiste en dejar espacio en el espectro radioeléctrico (“propiedad” del Estado) para la nueva tecnología de conexión móvil 4G, restándolo del espectro de la TV y radios digitales.

 

A esto se le suma la sentencia del Tribunal de 27 de noviembre de 2012 donde el Tribunal Supremo anuló el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de julio de 2010 por el que se asignó nuevos canales televisivos “hasta completar la capacidad de un múltiple digital completo de cobertura estatal” a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal (9 canales televisivos más respecto a los que ya tenían las titulares de las tradicionales televisiones nacionales que todos conocemos), a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de la Sentencia hasta el día de hoy, la cuestión está aún a la orden del día pues ha sido ejecutada, sólo parcialmente... en la reducción de canales.

 

Hasta aquí cosa normal, pensando además que esta sentencia tiene en marcha una cuestion de Aparo delante del Constitucional; pero “curiosamente”, o “más que curiosamente”, porque no es nada habitual que el Supremo inste al Estado a cumplir una sentencia, cuando está recurrida y sus efectos pueden ser devastadoramente públicos, el TS dió un “ultimátum” al Gobierno advirtiéndole que el 6 de mayo pasado era la fecha tope para que se de cumplimiento a la Sentencia.

 

Por tanto, el asunto continua siendo hoy, de máxima actualidad pues es cuando se perfecciona el fraude que todos hemos sufrido, consumidores televidentes y empresas de la Comunicación.

 

Y es que cuando en 2010 se programó el «apagón analógico» se preveía un segundo paso que consistiría en dejar paso a la telefonía 4G. Se prefirió hacer en dos pasos para poder instaurar la TDT antes que en los demás países europeos.

 

Un fallo de previsión sólo imputable al gobierno y los técnicos “lumbreras” del Ministerio de Industria, hizo que parte los canales utilizados en la actualidad (61 a 69) “okupasen” los que deberían estar reservados desde un inicio, para la telefonía 4G. Este hecho provoca que a penas 2 años después se deba «reprogramar» el sistema de TDT para dejar espacio a la nueva tecnología.

 

Eso quiere decir que los canales situados entre 61 y 69 de UHF se han vendido por imperativo legal, a las operadoras de telecomunicaciones por lo que hay una forzosa reestructuración de los canales. Las emisiones públicas que contaban hasta el momento con 10 bandas de canal, llamadas multiplex (canales de televisión y de radio) pasan a 8 y las privadas pasan de los 6 actuales a 5, para poder entrar en el espectro radioeléctrico.

 

Es decir que, por un lado, el gobierno “forzado y escondiendo la risa floja” por la sentencia del TS se carga nueve canales, y por el otro muevo los actuales canales a la banda que llega al 60 UHF, aprovechando para re-subastar y vender la tercera parte del espectro radioeléctrico por un pico.

 

Responde también a una estrategia política del gobierno a fin de eliminar canales que no controla y poder dar los canales que sobrarán, a los amigos, entre ellos 13TV, heredera de Intereconomía.

 

Y de nuevo, pringa el ciudadano. Se le reduce en un tercio los canales y, como castigo, provoca que las viviendas y comunidades de propietarios tengan que reprogramar, de momento a su costa, las antenas utilizadas para acomodarlas a las nueva situación de los canales y la cobertura móvil 4G.

 

Habrá que distinguir dos casos, una vivienda unifamiliar, y un edificio de viviendas. Los primeros, no tendrán más que resintonizar la televisión para acomodarla a los nuevos canales.

 

En el caso de edificios con varias viviendas, el número de casas y el tipo de antena que posean (programables o monocanales) harán variar el tipo de reforma necesaria.

 

Esto quiere decir que, y con todas las letras se ha dicho desde el ministerio, que serán los usuarios quienes cubrirán la totalidad del coste, Según el Ministro de Industria los ciudadanos habremos de hacer frente entre todos, a un coste de 300 millones de euros. Curiosamente, no hace no cuatro meses, el coste se estimaba entre 800 y 900 Millones de Euros.

 

De nuevo "el milagro de los panes y los peces".

 

Se calcula un coste por hogar medio de unos 20 a 50 euros. Este precio podrá subir o bajar en función de algunas circunstancias, como pueden ser el tipo de antena o el número de vecinos entre los cuales hay que dividir la factura final de la reantenización. Lo mejor, es aconsajar que el consumidor mire lo que le costó en 2010 la implantación de la TDT... y piense que va a ser otro tanto.

 

Y esto se debe de hacer YA, antes del 1 de Enero de 2015, según las últimas normas publicadas. A partir de esa fecha se producirá un nuevo “apagón”... para dar paso a la época del Dividendo Digital. El problema es que los ciudadanos con nueve canales menos, vienen obligados a re-pagar lo que fué uno de los errores del gobierno más espectaculares de la historia de nuestro país.

 

LO DEL DIVIDENDO DIGITAL... LO SERÁPARA UNOS POCOS, NO PARA TODOS LOS CIUDADANOS Y TELESPECTADORES

 

Y es que el “patinazo” se inicia el 16 de julio 2010 el Consejo de Ministros, con base al RD 944/2005, quien dictó un Acuerdo por el que “se asigna un múltiple de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal”

 

Además, el Gobierno también ignoró el contenido y aplicación de las Directivas Comunitarias, pues tanto la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco), como la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de autorización) y la Directiva 2002/77/CE de la Comisión de 16 de septiembre de 2002 relativa a la competencia en los mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de Competencia) imponen obligaciones a los Estados miembros relativas a la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas en cuanto necesarias para la prestación del servicios de telecomunicaciones. De manera más específica y clara regula la cuestión la Directiva de Autorizaciones, que en su artículo 5 establece:

 

Sin perjuicio de los criterios y procedimientos específicos adoptados por los Estados miembros para conceder derechos de uso de radiofrecuencias a proveedores de servicios de contenidos radiofónicos o televisivos, para conseguir los objetivos de interés general de conformidad con la legislación comunitaria, tales derechos de uso se otorgarán mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios.”

 

La Directiva es clara, los derechos han de ser otorgados mediante procedimientos abiertos. La Directiva, por tanto, exige un procedimiento de licitación pública, licitación que ha de regirse por los principios de transparencia y no discriminación. Además, la referida disposición comunitaria fue objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 31 de enero de 2008, que resolvió un caso similar en Italia, donde mediante una norma que definía el régimen de transición a la tecnología digital, se atribuían frecuencias a número limitado de operadores sin observar tales criterios, por lo que incluso, el Gobierno contaba con este antecedente que tampoco tuvo en cuenta. El a lo suyo.

 

Nadie cuestiona que se pudiera hacer mal en su momento, se cuestiona que los inocentes vuelven a pagar al estulticia del GOBIERNO DE ESPAÑA

 

EL "TIMO" DEL GOBIERNO

Pero es que el Estado, en su afán privatizador, ha subastado y adjudicado ya no sólo los canales 61 a 69 a las empresas de telecomunicaciones, sino también del 50 al 60. Para que éstas puedan utilizarlo para las televisiones de pago de las que ahora, después de la venta de Digital Plus... son las máximas accionistas:

 

Y ha recaudado por esas subastas 1.800 millones de euros, pero el actual Ejecutivo ha decidido quedarse con esos fondos y desviar el gasto al ciudadano. “Este Gobierno responde de lo que hace este Gobierno y no puede responder de lo que hizo el anterior. Pretendemos mejorar la gestión”, ha señalado Soria en el seminario de telecomunicaciones de la UIMP en Santander, organizados por Ametic

 

Por lo que vemos, en eso de recaudar, no hay situación heredada.

 

Pero ¡Ojo!: el primer reparto de licencias y canales, no fué gratis. Los canales de TDT en nuestro país, quizás fueron repartidos sin atender a los requisitos legales, pero el gobierno ingresó de las compañias de Televisión y comunicaciones otro tanto, como la actual subasta.

 

Lo que SIMPLEMENTE pedimos los televidentes, que ya pagamos una primera reantenización es que esa segunda, forzosa (por el reconocido por sentencia mal hacer del gobierno y los técnicos del Ministerio de Industria), se pague del importe recibido de esa segunda subasta, entendiendo además que justamente se han vendido canales de los que disfrutaban pacíficamente los ciudadanos, que fueron obligados a pagar y cumplir la ley, y más sabiendo que EL GOBIERNO PIDIÓ Y SE LE AUTORIZÓ POR PARTE DE LA COMISIÓN EUROPEA UNA AYUDA DE ESTADO DE 600 MILLONES DE EUROS PARA MITIGAR EL ERROR Y AYUDAR A LA REANTENIZACION EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS A COSTA DE LOS 1800 MILLONES... DINERO QUE AHORA NO TIENE DISPONIBLE EN NINGUNA PARTIDA DE LOS PRESUPUESTOS PUBLICOS.

 

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